La Justicia avanza sobre los viajes y propiedades del jefe de Gabinete, mientras el Gobierno intenta sostenerlo en medio de las denuncias.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que asumió, con varias causas judiciales que avanzan en paralelo y lo ponen en el centro de la escena política. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita impulsará nuevas medidas para investigar una serie de viajes realizados desde 2023 hasta la actualidad, que podrían ser entre 15 y 19, incluyendo traslados oficiales y otros de carácter privado. El foco está puesto en determinar los destinos finales, quién financió esos viajes y si existió algún tipo de irregularidad en el manejo de los recursos.
En paralelo, la investigación también apunta al crecimiento patrimonial del funcionario. En los últimos días salieron a la luz operaciones inmobiliarias que no figurarían en sus declaraciones juradas, entre ellas una casa en un country de Exaltación de la Cruz y un departamento en Caballito. Este último caso genera especial atención, ya que habría sido adquirido con un préstamo no bancario de dos jubiladas que, según trascendió, desconocerían la operación. La escribana que intervino en estas transacciones deberá declarar en los próximos días para aportar detalles sobre las compras.
El escándalo tuvo como punto de partida un viaje a Punta del Este en avión privado junto a su familia, que habría sido financiado por un tercero, lo que encendió las alarmas judiciales. A esto se suman otros movimientos bajo análisis, incluyendo viajes a Europa vinculados a su entorno cercano. Mientras tanto, Adorni ya designó un abogado penalista para su defensa y deberá responder por tres causas que investigan presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y uso indebido de recursos. Aunque desde el Gobierno intentan respaldarlo y sostener su figura, el caso sigue creciendo y amenaza con impactar de lleno en la agenda política de la Casa Rosada.
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