El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respondió a través de redes sociales a los dichos de Susana Giménez, quien en una entrevista televisiva pidió la construcción de más cárceles como las de Nayib Bukele en El Salvador. La conductora reafirmó su postura de que «el que mata tiene que morir» y vinculó la inseguridad con la falta de prisiones en el país.
«Hola, Susana Giménez, ¿sabés dónde se construyen nuevas cárceles? En la provincia de Buenos Aires», escribió Bianco en su cuenta de X (ex Twitter). Luego detalló: «Desde que asumimos, construimos 7.122 nuevas plazas y seguimos ampliando el servicio penitenciario con otras seis alcaidías y dos unidades penitenciarias, multiplicando la capacidad histórica de la Provincia».
La gestión de Axel Kicillof impulsa un plan de infraestructura carcelaria para crear 12.000 plazas, lo que representaría un incremento del 50% en relación con 2019. Según datos oficiales, ya se finalizaron más de 7.000 plazas, hay 4.450 en construcción y otras 550 en etapa de planificación.
El proyecto surgió tras la crisis carcelaria que dejó la exgobernadora María Eugenia Vidal, cuya gestión solo sumó 1.000 plazas mientras la población carcelaria creció en 12.000 personas. En 2019, el Tribunal de Casación Penal advirtió sobre la «crisis humanitaria y catastrófica» del sistema penitenciario bonaerense, con hacinamiento extremo y condiciones de detención críticas.
El Gobierno provincial sostiene que la ampliación carcelaria contribuyó a reducir la reincidencia delictiva, que pasó del 44,2% en 2019 al 26,2% en 2022. A su vez, la inversión en seguridad incluyó la entrega de 5.500 patrulleros, un contraste con los menos de 700 que quedaron en funcionamiento al final del mandato de Vidal.
Sin embargo, el plan enfrenta dificultades debido a la falta de fondos nacionales. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, denunció que la gestión de Javier Milei dejó de enviar los recursos comprometidos, que equivalen al 80% del financiamiento necesario. Según sus cálculos, la deuda asciende a 70.000 millones de pesos.
El debate sobre seguridad y cárceles se intensifica en un contexto de campaña electoral. Mientras algunos sectores piden medidas extremas como las aplicadas en El Salvador, desde la Provincia advierten sobre los riesgos de la “bukelelización” y defienden un modelo que priorice la rehabilitación y mejores condiciones de detención.
