La jueza Marta Pascual explicó en Punto Justo los motivos detrás de la suspensión de la aplicación de la nueva normativa en territorio bonaerense y cuestionó que el castigo pueda funcionar sin políticas de prevención, infraestructura y reinserción.
La discusión por la baja de la edad de imputabilidad sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. En Punto Justo, por Radio Brújula, la jueza Marta Pascual explicó los motivos por los que decidió suspender la aplicación del nuevo esquema y planteó interrogantes sobre las condiciones necesarias para que una política penal destinada a adolescentes pueda ser efectiva.
“La Provincia queda temporalmente fuera de este nuevo esquema”, explicó Pascual durante la entrevista, al referirse a la situación particular de Buenos Aires frente a la nueva normativa. La magistrada sostuvo que la discusión no puede concentrarse únicamente en la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente.
En ese sentido, uno de los principales cuestionamientos planteados durante la entrevista estuvo relacionado con los recursos disponibles para implementar el nuevo sistema. Según explicó, una modificación de las herramientas penales requiere también presupuesto, infraestructura, equipos profesionales y dispositivos adecuados para abordar las situaciones de los jóvenes involucrados.
Pascual remarcó que el castigo por sí solo no reemplaza las políticas de prevención. La problemática de los adolescentes que cometen delitos, sostuvo, debe abordarse también desde las condiciones sociales que atraviesan sus vidas y desde políticas capaces de ofrecer alternativas de inclusión y reinserción.
La jueza puso especial énfasis en la necesidad de contar con instituciones y programas preparados para acompañar a los jóvenes que ingresen al sistema. Sin esas condiciones, advirtió, una modificación legislativa corre el riesgo de convertirse únicamente en una respuesta punitiva sin capacidad real para reducir el delito.
El debate sobre la baja de imputabilidad volvió así a poner en tensión dos miradas: por un lado, quienes plantean la necesidad de endurecer la respuesta penal frente a los delitos cometidos por menores y, por otro, quienes advierten que sin prevención, inversión y herramientas de reinserción social, el sistema puede profundizar el problema en lugar de resolverlo.
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