El bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria cuestionó el proceso impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la privatización de AySA implicaría un retroceso económico, social, ambiental y soberano.
El bloque de diputadas y diputados de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires expresó su rechazo al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno nacional. Desde el espacio sostuvieron que no se trata solamente de una operación empresarial, sino de una decisión que pone en juego “un recurso estratégico, un derecho humano y una herramienta central para el desarrollo nacional”.
Uno de los principales cuestionamientos está vinculado al impacto económico que podría tener la transferencia de la empresa a manos privadas. Según plantearon desde Unión por la Patria, el Estado se desprendería de un activo considerado estratégico y la renta futura quedaría en manos de un grupo privado, mientras que los usuarios podrían afrontar nuevos aumentos tarifarios.
En ese sentido, el bloque recordó la experiencia de la concesión de Aguas Argentinas durante la década de 1990, período en el que, según señalaron, las tarifas registraron fuertes incrementos y numerosas familias quedaron excluidas del servicio por dificultades para afrontar los costos. También cuestionaron que durante aquella etapa se hayan incumplido inversiones comprometidas para la expansión del sistema de saneamiento.
Desde Unión por la Patria también apuntaron contra el impacto social y ambiental de una eventual privatización. Advirtieron que la falta de acceso a redes de agua potable y cloacas afecta especialmente a los sectores más vulnerables y puede generar consecuencias sanitarias y contaminación de napas, ríos y otros cursos de agua.
El bloque reivindicó, en contraposición, la etapa de gestión pública iniciada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Según el comunicado, desde entonces se incorporaron más de 11 millones de personas al servicio de agua potable y 8 millones a las redes cloacales, con especial atención en distintos sectores del conurbano bonaerense.
Otro de los ejes centrales del planteo es la soberanía sobre el agua. “El agua es un derecho, no una mercancía”, remarcaron desde el espacio opositor, al considerar que el acceso al agua potable y al saneamiento debe estar garantizado por el Estado y no quedar subordinado a una lógica de rentabilidad.
Por estos motivos, Unión por la Patria reclamó al Gobierno nacional que detenga el proceso privatizador y reactive las obras y programas de expansión que, según denunciaron, se encuentran paralizados. “La Argentina necesita más agua potable y más cloacas. No menos Estado”, concluyeron.
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